Caso Nóos.

El Caso Nóos, también conocido como Operación Babel , es un caso de presunta corrupción política que inicia en 2010 como un caso derivado del caso Palma Arena al ser encausados los dirigentes del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarín, duque consorte de Palma de Mallorca, y su ex socio Diego Torres. Los cargos por los que están imputados por Anticorrupción son malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales. Las actividades delictivas habrían sido realizadas a partir de la fundación sin ánimo de lucro que dirigían, Nóos, así como de una red societaria de empresas asociadas a Nóos.

En febrero de 2006 el diputado socialista en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, difundió que el Govern entonces presidido por el popular Jaume Matas había pagado 1,2 millones de euros a la Fundación Nóos para que celebrara en Palma de Mallorca un Foro sobre Turismo y Deporte entre los días 22 y 25 de noviembre de 2005. El evento duró tres días y su repercusión fue mínima.2 A pesar de estas primeras sospechas, el asunto dormitó durante varios años. Nóos y sus empresas satélite siguieron desempeñando sus activiades hasta entrado el año 2009.
El 22 de julio de 2010 el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, abrió una nueva pieza en la causa en la que pedía información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido entonces por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

El diario El País encontró un documento de un presupuesto sospechoso por un evento internacional que el mencionado instituto organizó cuando Urdangarín llevaba la gestión (desde 2004 a 2006).5 Se cree que persuadió varias administraciones públicas (principalmente gobiernos de comunidades autónomas) para firmar acuerdos con este instituto (que se suponía una organización sin ánimo de lucro) tanto por trabajos, que nunca se hicieron, como otros con presupuestos desorbitados de hasta 5.800.000 euros provenientes de administraciones públicas.
El juez José Castro, citó el 2 de junio de 2011 como imputado al ex vicepresidente del Instituto Nóos, Diego Torres. En su declaración ante el juez el 11 de julio defendió la legalidad de los dos convenios firmados con el Govern.

El juez Castro levantó el secreto del sumario sobre esta pieza e imputó a Iñaki Urdangarín el 29 de diciembre de 2011 por presuntos delitos en la actividad de Nóos de evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. En el auto, hecho público el 2 de enero de 2012, se refleja que el Duque de Palma y su socio Diego Torres percibieron 5,8 millones de euros del Instituto Nóos, una cantidad equivalente obtenida por la entidad a través de los Gobiernos valenciano y balear. Según el detalle de esos cobros 2.794.440 euros fueron recibidos por Nóos Consultoría Estratégica entre 2004 y 2007 y 397.996 euros por De Goes Center for Stakeholder Management entre 2006 y 2007. Además, el duque de Palma recibió 747.889,54 euros entre 2004 y 2005 de la inmobiliaria Aizoon, cuya propiedad comparte con su esposa, la infanta Cristina. El resto del dinero fue percibido por su socio, al que Virtual Strategies abonó 749.505,61 euros, Shiriaimasu 456.381,73 euros e Intuit Strategy Innovat 853.103,40 euros, siempre entre 2004 y 2007.
El 24 y 25 de febrero de 2012 hacía declaración Iñaki Urdangarín. En su testimonio, que se extendió durante dos días, reivindicó su "inocencia" y la "total transparencia" de su actuación, además se desvinculó de la gestión del Instituto Nóos y exculpó a la Infanta Cristina. Durante su segundo día de declaración reconoció que en 2006 el Rey le había pedido que abandonase el Instituto Nóos aunque en 2008 volvió a hacer negocios. Además el fiscal destapó la existencia de una cuenta bancaria en Suiza que Urdangarin aceptó haber utilizado.

El 19 de diciembre la Fiscalía Anticorrupción solicitó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicitaba una fianza de 8.189.448 euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su ex socio Diego Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos. El fiscal Pedro Horrach solicitaba de este modo que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil, en el marco de la cual se diera traslado a las partes personadas en el 'caso Nóos' para que se pronunciasen y hiciesen las alegaciones que estimaren oportunas, tras lo cual el juez, José Castro, dictará un auto mediante el que decidirá si estima o no la petición de la Fiscalía.